La crisis política que desató el escándalo por el desvío de recursos públicos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al país. Este martes, el partido Alianza Verde anunció la suspensión temporal de los derechos estatutarios del senador Iván Name y de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, ambos implicados en el caso de corrupción que involucra millonarios sobornos a congresistas para facilitar el trámite de las reformas del Gobierno en el Congreso.

La colectividad defendió su decisión como una medida preventiva, tomada tras las decisiones judiciales que incluyeron la medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos exfuncionarios. Según la Corte Suprema, Name habría recibido hasta 3.000 millones de pesos mientras presidía el Senado, y Ortiz habría sido emisaria de pagos por al menos 4.000 millones dirigidos a otros legisladores, incluyendo al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.

Sin embargo, el anuncio también dejó un vacío notorio: la omisión del nombre de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y fundador del partido, quien ha sido igualmente mencionado en el entramado. La Fiscalía solicitó en marzo pasado la imputación de cargos en su contra por tráfico de influencias. A pesar de ello, la Dirección Nacional del partido no se ha pronunciado sobre su situación ni ha tomado medidas similares a las aplicadas a Name y Ortiz. González permanece actualmente fuera del país.

Este silencio contrasta con el tono vehemente que en otras ocasiones ha caracterizado a sectores de la Alianza Verde cuando se trata de denunciar y condenar actos de corrupción, incluso en formaciones políticas rivales. El mutismo en este caso —donde hay indicios judiciales claros— ha generado inquietudes dentro y fuera del partido, y ha sido interpretado por algunos como una actitud selectiva ante la ética y la transparencia.

La colectividad, por su parte, aseguró que «no tolera prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia» y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad. No obstante, varios de sus líderes, usualmente activos y enérgicos en redes sociales frente a escándalos de esta naturaleza, han evitado pronunciarse sobre el papel de González en el caso.

El entramado de corrupción, liderado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su subdirector Sneyder Pinilla, involucró la celebración de contratos con más de 30 empresas, entre ellas Brands S.A.S., Impoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Kalmo S.A.S., dirigidas por Luis Eduardo López, alias “El Pastuso”. Todos ellos han sido ya imputados por la justicia.