La crisis del sistema de salud volvió al centro del debate político este fin de semana luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los impulsores de la Ley 100 de 1993 que dio origen al actual modelo de salud en Colombia, arremetiera contra el Gobierno Nacional por lo que calificó como un “desmonte deliberado” del sistema mixto y solidario que ha funcionado por más de 30 años.

Desde un evento del partido Centro Democrático en el municipio de Támesis, Antioquia, Uribe criticó fuertemente las recientes intervenciones del Gobierno a entidades promotoras de salud (EPS), como Sura, y advirtió que se está imponiendo un modelo “totalmente estatal”, sin espacio para la participación del sector privado o mixto.

“El sistema que creamos permitía entidades públicas, privadas, mixtas. Era un sistema solidario en el que los que más tenían pagaban más y los que no, accedían en igualdad de condiciones. No era perfecto, pero era muy bueno”, expresó el exmandatario. También señaló que, si bien existen problemas reales como el acceso en zonas rurales y la falta de enfoque en prevención, el Ejecutivo no ha buscado corregir esas falencias sino “destruir todo el sistema”.

Uribe denunció que el presidente Gustavo Petro está forzando la salida del modelo actual para imponer su reforma por la vía legislativa o mediante decreto. Además, acusó al Gobierno de “asfixiar intencionalmente a las EPS” y de dejar sin opciones a millones de colombianos. “¿Ustedes qué prefieren? ¿Una especie de Sura o una EPS de Petro?”, cuestionó Uribe, generando aplausos entre los asistentes.

El exjefe de Estado ha venido advirtiendo que el nuevo modelo estatal eliminaría la posibilidad de escoger EPS, de presentar tutelas o reclamos formales, y centralizaría toda la atención médica en manos del Estado, lo cual, según él, dejaría a los usuarios sin mecanismos para defender sus derechos.

A su vez, la crisis financiera del sistema, agudizada por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ha sido reconocida incluso por la Corte Constitucional, que ha ordenado revisar su valor ante la evidente falta de recursos para cubrir adecuadamente las necesidades del sistema.