Una nueva controversia sacude al Gobierno Nacional tras conocerse que un grupo de influenciadores y seguidores del presidente Gustavo Petro fue transportado en un avión de la Policía Nacional para asistir al cabildo abierto realizado en Barranquilla. El evento, liderado por el mandatario, sirvió para defender la consulta popular que impulsa su administración y, además, anunciar que está dispuesto a ir a una «huelga general» si sus propuestas no son respaldadas.

La polémica estalló luego de que el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, publicara una fotografía junto a reconocidos influenciadores como ‘Wally’ y Celso Teté Crespo, abordando la aeronave de la Policía. La publicación provocó duras críticas desde sectores de oposición, que calificaron el hecho como un “derroche de recursos públicos” y un uso indebido de bienes del Estado.

No obstante, se reveló que el Ministerio del Interior firmó el pasado 21 de febrero un convenio con la Policía Nacional que autoriza el uso de aeronaves oficiales para los traslados del ministro, sus funcionarios y personas autorizadas por este, con una vigencia de 310 días y un valor de 7 mil millones de pesos.

El contrato, registrado en la plataforma Secop I, establece que estos vuelos deben responder a criterios de seguridad, oportunidad y logística especial, excluyendo operadores privados. Sin embargo, su revelación ha generado malestar en momentos en que el mismo Gobierno ha promovido un plan de austeridad, que limita los viajes en clase ejecutiva y exige justificación rigurosa de cada gasto público.

El debate cobra fuerza por el contraste entre el uso de recursos para actividades proselitistas y los compromisos de contención del gasto asumidos por la administración. Hasta ahora, se han reportado dos informes de ejecución del contrato, correspondientes a los meses de febrero y marzo.