La Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable para la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, quien es uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital del Sur de la Florida, Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

El concepto favorable fue emitido por los magistrados de la Sala Penal, quienes concluyeron que las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses contra Mocho Olmedo son sólidas y justifican su entrega. “Las acusaciones contra el señor Henao Gutiérrez son claras y tenemos razones suficientes para considerar su extradición”, indicaron los magistrados en su fallo.

Mocho Olmedo se entregó a las autoridades colombianas en febrero de 2025, en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo. Tras su captura, fue trasladado a Bogotá y, con la autorización del Comisionado de Paz y la Fiscalía General, permaneció bajo vigilancia en una residencia, un privilegio que se extendió por 55 días, ya que el Gobierno argumentó que estaba colaborando con el proceso de paz. No obstante, tras conocerse el pedido de extradición, Olmedo fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

La última palabra sobre su extradición recae ahora en el presidente Gustavo Petro, quien ha priorizado la «paz total» en su gobierno, en especial con los grupos armados como las disidencias de las Farc. Este escenario ha generado especulaciones sobre si Petro permitirá o frenará la extradición, como ocurrió con alias HH, otro cabecilla disidente cuyo proceso de extradición fue suspendido tras iniciar conversaciones con el Gobierno.

Mocho Olmedo también enfrenta múltiples investigaciones por homicidios, feminicidios y delitos de concierto para delinquir en Colombia, donde se le vincula con al menos 43 muertes violentas.

El proceso de paz con las disidencias del Frente 33 avanza, y se espera que estos grupos se trasladen a una Zona de Ubicación Temporal como paso previo a la dejación de armas.