Las declaraciones del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, durante su discurso en la Plaza de Bolívar el pasado 29 de mayo, han generado una fuerte polémica y consecuencias legales. En su intervención ante los manifestantes, Arias aseguró que los bloqueos al sistema de transporte masivo TransMilenio “eran una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”, lo que fue interpretado por la Alcaldía de Bogotá como una incitación a acciones ilegales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó categóricamente estas afirmaciones y anunció que este viernes 30 de mayo presentará una denuncia penal contra el líder sindical por promover acciones que afectaron gravemente la movilidad y seguridad de millones de ciudadanos.

“El señor Fabio Arias confesó que los bloqueos a TransMilenio fueron una estrategia del paro. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones, poniendo en riesgo su vida. La justicia debe actuar”, señaló Galán.

Durante la noche del miércoles 29 de mayo, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en puntos estratégicos de la ciudad como Yomasa (avenida Caracas con Boyacá), el puente de Marichuela en Usme, el Portal Suba y las inmediaciones de la sede tecnológica de la Universidad Distrital. Los disturbios obligaron al cierre de vías y a la suspensión temporal de rutas de TransMilenio, afectando a miles de usuarios.

La CUT ha defendido su derecho a la protesta social, argumentando que las movilizaciones buscan respaldar las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente la laboral y la propuesta de consulta popular. Sin embargo, desde distintos sectores se advierte que ese derecho no puede ejercerse a costa de los derechos fundamentales de otros ciudadanos.