El presidente Gustavo Petro designó como nuevo ministro de Justicia al exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, una figura cercana al mandatario y férreo defensor de la convocatoria a la consulta popular, la principal apuesta política del Gobierno en medio del desacuerdo con el Congreso y otros poderes del Estado.

Montealegre, quien recientemente actuó como contratista y asesor jurídico del Ejecutivo, ha sido uno de los principales impulsores del polémico decreto que permitirá convocar la consulta sin necesidad de aval legislativo. El exfiscal ha defendido públicamente la medida, argumentando que el Senado se abstuvo de pronunciarse de forma válida sobre la iniciativa.

La llegada de Montealegre a la cartera de Justicia es interpretada por analistas como un movimiento estratégico del presidente Petro para blindar jurídicamente sus reformas frente a los obstáculos legislativos, y enviar un mensaje claro de confrontación institucional en defensa de su agenda política.

La designación se produce tras la renuncia de Ángela María Buitrago el pasado 16 de mayo, quien dejó el cargo denunciando presuntas injerencias externas que, según afirmó, entorpecieron su gestión. La exministra aseguró haber trasladado pruebas a las autoridades competentes.

No obstante, Montealegre llega rodeado de polémica. El concejal Daniel Briceño denunció que el nuevo ministro ha recibido más de 1.700 millones de pesos en contratos del actual Gobierno, cuestionando su rol como asesor jurídico de la consulta mientras obtenía recursos públicos.

“El que respalda jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata”, señaló Briceño en sus redes sociales, avivando el debate sobre posibles conflictos de interés.