Los exintegrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actualmente ejercen como gestores de paz en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, anunciarán la suspensión de sus funciones debido a lo que califican como un “sabotaje sistemático” desde dentro del propio Gobierno.

En una carta que será difundida públicamente en las próximas horas, los exparamilitares señalan directamente a altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como responsables de lo que consideran un boicot a su participación en los procesos de reconciliación y justicia restaurativa.

Los señalados son Otty Patiño, comisionado de paz; Álvaro Jiménez, jefe negociador con el Clan del Golfo; y María Paz Lara, también integrante de la oficina. Según los denunciantes, estos funcionarios han bloqueado avances, obstaculizado reuniones y deslegitimado su papel como actores en la política de paz.

“Se está actuando como un enemigo interno del proceso, sin transparencia ni voluntad real de integración de quienes, tras haber dejado las armas, buscan aportar a la construcción de paz”, señala el documento.

La decisión de suspender su participación se da en un momento crítico para la “paz total”, que enfrenta cuestionamientos desde diversos sectores por falta de resultados, demoras en las negociaciones y tensiones entre las partes involucradas.

El Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento. Sin embargo, la acusación representa un fuerte golpe simbólico y político al discurso de reconciliación que ha sido central en la administración Petro.