Tras 15 meses de insistencia por parte de las autoridades regionales, finalmente el Gobierno nacional intervino y ordenó el cierre de dos estaciones de servicio ubicadas en zonas rurales de Jamundí (Valle del Cauca) y Morales (norte del Cauca). La decisión fue confirmada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien venía solicitando la clausura debido a que estas gasolineras estarían siendo utilizadas para abastecer a estructuras criminales que operan en la región.

Los permisos de funcionamiento de estas estaciones fueron otorgados en el año 2022, durante la administración del entonces alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, figura política cercana al Representante a la Cámara Duvalier Sánchez. La legalidad y transparencia de estos permisos ha sido cuestionada, ya que las estaciones surgieron sin un análisis de impacto en la seguridad y en zonas de alta presencia de grupos armados.

“La clausura de estas estaciones de servicio es un paso crucial en el combate contra la criminalidad en el suroccidente del país. La gasolina que allí se expendía terminaba alimentando la logística de estructuras ilegales, especialmente en zonas rurales donde el control del Estado ha sido históricamente débil”, señaló la gobernadora Toro.

La intervención se da en medio de un contexto de fortalecimiento de la presencia militar y policial en Jamundí y el norte del Cauca, regiones golpeadas por atentados y presencia de disidencias de las FARC como la ‘Jaime Martínez’.

Las autoridades investigan posibles irregularidades en el otorgamiento de los permisos, así como los nexos entre operadores privados de las estaciones y grupos al margen de la ley.