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La Corte Constitucional de Colombia revocó la medida de intervención impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) sobre la EPS Sanitas, que desde hace más de un año estaba bajo el control del Gobierno. Tras la decisión, el Grupo Keralty, propietario de Sanitas, expresó su sorpresa y preocupación sobre el estado de la empresa, la cual, según el abogado del grupo, Juan David Riveros, se encuentra en una situación «devastada».
Aunque aún no se conoce el texto completo de la sentencia, Riveros indicó que el Grupo Keralty tendrá acceso al documento la próxima semana para comenzar una revisión detallada de la decisión. «Hasta el día de hoy no tenemos todavía el texto completo de la sentencia, de manera que tenemos que tener paciencia», comentó. Además, destacó que, a pesar de la incertidumbre, el Grupo Keralty está comprometido con los usuarios y comenzará a tomar las decisiones necesarias para evaluar la situación de la EPS.
A pesar de la intervención del Gobierno durante más de un año, las cifras muestran que la situación de Sanitas ha empeorado. En 2023, la EPS recibió 185.634 reclamos, mientras que en 2024 esta cifra ascendió a 221.565, lo que representa un incremento del 19% en las quejas y reclamos de los usuarios. Riveros atribuyó estos números al «trabajo ineficaz» de los interventores, señalando que, lejos de mejorar la atención, la intervención parece haber agudizado los problemas dentro de la empresa.
A pesar de los reclamos, el abogado subrayó que el Grupo Keralty no busca «venganza», pero sí espera que las autoridades judiciales tomen medidas frente a lo que consideran una acción «arbitraria e ilegal» por parte del Gobierno. Riveros también expresó que, si se presentan acciones dilatorias para frenar el fallo, confían en que las autoridades judiciales seguirán protegiendo el Estado de Derecho.
Con la decisión de la Corte, el Gobierno tendrá ahora otros 365 días para intentar mejorar las condiciones de las EPS, que, según cifras oficiales, agrupan a millones de colombianos: 11,6 millones en Nueva EPS y 5,7 millones en Sanitas. Sin embargo, la decisión de la Corte podría complicar aún más los esfuerzos del Ejecutivo para solucionar los problemas de las aseguradoras más grandes del país.
