La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que está evaluando un posible refuerzo en el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien el pasado 26 de julio dictó sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

De acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, la jueza —quien ya contaba con medidas de protección— presentó una nueva solicitud el 28 de julio, señalando la existencia de hechos sobrevinientes que elevan su nivel de riesgo. La Dirección de Protección de la Policía Nacional participa en la evaluación de esta solicitud.

La magistrada, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, fue la encargada de emitir el fallo de primera instancia que halló responsable a Uribe de haber conocido y facilitado un plan para manipular el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena. En su sentencia, la jueza recalcó que “el ejercicio de la abogacía se habría desnaturalizado como medio para ocultar conductas” y defendió la legalidad de las interceptaciones como pruebas claves.

Desde la lectura del fallo, la jueza Heredia ha recibido amplio respaldo por parte del poder judicial. Los jueces penales del circuito de Bogotá emitieron un comunicado defendiendo su independencia y recordando que los fallos deben ser controvertidos a través de los recursos judiciales, no por medio de presiones públicas. Por su parte, Corjusticia (Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia) expresó su «solidaridad y apoyo» a la funcionaria y llamó a preservar la autonomía judicial frente a la coyuntura.

El proceso judicial ha generado gran polarización política en el país y ha estado acompañado de mensajes en redes sociales tanto de respaldo como de rechazo, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad de los funcionarios judiciales involucrados.