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El presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta política al firmar un decreto que implementa parte de su reforma a la salud sin que haya sido aprobada por el Congreso de la República. La decisión, tomada a pocas horas de la elección del senador opositor Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima del Senado —encargada del tercer debate del proyecto—, generó fuertes reacciones de gremios, políticos y expertos en el sistema de salud.
Una de las primeras voces en rechazar la medida fue la de Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien advirtió que el decreto “modifica la organización del sistema” y desdibuja el papel esencial de las EPS. Además, advirtió que no resuelve los problemas de los pacientes y pone en riesgo el financiamiento del sistema:
“La reforma tiene serios vicios de legalidad”, aseguró.
Desde el Congreso, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) anunció que interpondrá una demanda contra el decreto, al que calificó de “esperpento” y de haber sido expedido en retaliación por la derrota del Gobierno en la Comisión Séptima.
“El Gobierno decidió implementar su inconveniente reforma por la puerta de atrás, desconociendo al Congreso. Es un decreto que permite a alcaldes y gobernadores definir redes de prestación de servicios, eliminando el rol de las EPS, lo que abre la puerta a la corrupción y la politización”, denunció.
También se sumó a las críticas el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien advirtió que la medida crea un “inmenso desorden” y pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores del sector salud.
“No hay claridad sobre el financiamiento. Ni siquiera se tomaron el trabajo de pensar de dónde saldrán los recursos”, lamentó.
Ante la lluvia de críticas, el presidente Gustavo Petro defendió la expedición del decreto afirmando que las EPS pueden “salvarse” si se transforman en gestoras del sistema en lugar de actuar como aseguradoras financieras.
“Si se mantienen como aseguradoras, se quiebran. Sus deudas son mayores que sus activos”, advirtió.
Petro también respondió a Bruce Mac Master asegurando que el decreto no vulnera la libre empresa sino que la respeta.
“La transición de EPS a gestoras es el principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución”, dijo. Además, recordó que el modelo territorial de salud ya está ordenado por leyes anteriores a su gobierno.
El decreto, que transfiere la facultad de definir las redes de prestación de servicios a gobernadores y alcaldes, podría reconfigurar por completo el sistema de salud en Colombia y ya ha encendido alarmas en distintos sectores.
