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Publicado por admin on agosto 4, 2025
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El país recibió con aplausos la noticia del abatimiento de Michael Enrique Méndez Olivos, alias ‘Mogosín’, cabecilla de la Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez, quien fue dado de baja en un operativo en el departamento del Meta. Sin embargo, la revelación de que el disidente contaba con un esquema de protección oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha generado una fuerte ola de indignación.

Según documentos oficiales divulgados por La Luciérnaga de Caracol Radio, alias ‘Mogosín’ fue beneficiario desde marzo de 2025 de un esquema de seguridad con dos escoltas, una camioneta Toyota Hilux 2024 blindada, chalecos antibalas, celulares, chip para gasolina y tarjeta débito recargada mensualmente por la entidad para cubrir gastos operacionales. La resolución de asignación, firmada por el propio Méndez Olivos, lo identificaba como “desmovilizado en proceso de reintegración” del frente 43 de las extintas FARC, con residencia en Acacías, Meta.

El ahora abatido delincuente lideraba una estructura de extorsión que azotaba a comerciantes, ganaderos y transportadores del departamento, mientras se beneficiaba de recursos estatales. Los escoltas asignados, contratistas de una empresa tercerizada por la UNP, nunca reportaron irregularidades sobre la conducta de su protegido, pese a su desaparición por días y su participación en actividades criminales.

El caso revive las alarmas por fallas estructurales en los filtros de seguridad y control de la UNP. Cabe recordar que en julio de 2024 siete miembros del Estado Mayor Central fueron detenidos movilizándose en vehículos oficiales de la entidad, lo cual generó una fuerte crítica a los protocolos de vigilancia de la institución encargada de proteger a personas en riesgo.

Mientras cientos de líderes sociales y periodistas continúan clamando por esquemas de seguridad ante las amenazas crecientes, el hecho de que un terrorista activamente armado fuera beneficiario de un programa oficial pone en entredicho la rigurosidad del Comité de Evaluación de Riesgo (CERREM) y la efectividad del programa.

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