La relación bilateral entre Colombia y Perú atraviesa un momento tenso luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que el Gobierno peruano se “apropió por ley” de islas ubicadas en el Amazonas colombiano. El mandatario afirmó que dicha acción representa una violación del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, tratado que fijó los límites fronterizos entre ambos países tras el conflicto amazónico de 1932-1933.

Como respuesta, el Gobierno de Perú, liderado por Dina Boluarte, emitió una fuerte declaración de protesta, rechazando categóricamente las acusaciones y defendiendo su soberanía sobre el territorio en cuestión. A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano señaló que los actos de jurisdicción sobre la isla de Chinería —donde se ubica el distrito de Santa Rosa de Loreto, recientemente creado por ley— son legítimos y se han ejercido desde hace más de un siglo.

Perú argumenta que la isla fue asignada a su territorio por la Comisión Mixta Demarcadora en 1929, y se encuentra al oeste del límite internacional definido por el thalweg del río Amazonas, conforme al Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922. Además, recordó que el Protocolo de Amistad y Cooperación de 1934 reafirma dichos límites.

El presidente Petro, por su parte, afirmó que el acto legislativo del Congreso peruano constituye una acción unilateral que podría poner en riesgo el futuro de Leticia como puerto amazónico. Como gesto simbólico, anunció que la celebración del 7 de agosto —fecha en la que se conmemora la Batalla de Boyacá— se trasladará a Leticia, Amazonas, con el fin de visibilizar lo que calificó como una “violación de soberanía”.

Petro aseguró que las islas ahora reclamadas por Perú están al norte de la línea más profunda del río Amazonas, lo que según su interpretación del tratado, las ubicaría en territorio colombiano.

Mientras tanto, la Cancillería colombiana no ha emitido un comunicado formal sobre la controversia, aunque se conoce que envió dos notas diplomáticas que fueron rechazadas por Perú en su respuesta del 4 de julio.