La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya formalizó la solicitud de emisión de circular roja ante Interpol contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), imputado por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la petición ya fue enviada, Interpol aún no ha confirmado la activación de la medida.

Según las autoridades, González se encontraría prófugo de la justicia en Managua, Nicaragua. Fue imputado y posteriormente un juez ordenó su captura para enviarlo a prisión por su presunta responsabilidad en la creación y operación de una red de corrupción dentro de la UNGRD, catalogada por la Fiscalía como una “organización criminal”.

La investigación revela que esta red se aprovechó de las declaratorias de desastre y calamidad pública para direccionar millonarios contratos a cambio de coimas, algunas de ellas destinadas, presuntamente, a congresistas con el fin de facilitar el trámite de reformas clave para el Gobierno en el Congreso.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran testimonios, grabaciones y documentos que vinculan directamente a Carlos Ramón González en dos reuniones clave realizadas en su oficina en la Casa de Nariño. En estos encuentros, González habría dado instrucciones precisas al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sobre cómo entregar contratos y sobornos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle. Se habla de coimas por más de $5.000 millones.

Uno de los contratos más cuestionados es el de la compra de 40 carrotanques por más de $46.000 millones, con un sobrecosto de al menos $16.000 millones. Además, se investiga la entrega de tanques plásticos para La Guajira como parte del esquema de corrupción.

La situación complica aún más el panorama del Gobierno, pues Carlos Ramón González fue uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. A medida que avanzan las investigaciones, aumentan los señalamientos contra altos funcionarios del actual gobierno y la presión política para esclarecer el caso.