SEMANA reveló que estructuras como el Tren del Llano, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han puesto en la mira a mandatarios locales y regionales, entre ellos los alcaldes de Cali, Medellín y Cúcuta, así como la gobernadora del Valle del Cauca.

Colombia enfrenta una amenaza sin precedentes contra sus mandatarios locales. De acuerdo con una investigación de la revista SEMANA, grupos criminales transnacionales y disidencias de las Farc estarían detrás de planes para asesinar a alcaldes y gobernadores, a pocos meses de las elecciones legislativas y presidenciales.

Entre las organizaciones señaladas está el Tren del Llano, grupo venezolano que se presentó como aliado del Tren de Aragua y que ya opera en el país ofreciendo armas, explosivos y sicariato de alto nivel. Su tarifa: 10.000 dólares por asesinar a un mandatario.

Las autoridades confirmaron que los tres primeros integrantes de esta red —alias Tutu, Mingui y Nagu— fueron capturados en Envigado. Se les señala de explorar escenarios para cometer homicidios, secuestros y extorsiones.

El panorama es aún más grave por la participación de las disidencias de las Farc. Inteligencia militar detectó que hombres de alias Iván Mordisco habían planeado atentados contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, aunque las autoridades lograron neutralizar los planes. En Antioquia, el frente 36, al mando de alias Calarcá, tendría como objetivo al gobernador Andrés Julián Rendón.

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez también estaría en la mira de cuatro planes de atentado que involucran drones con explosivos y ataques armados. Y en Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo denunció amenazas directas contra él y su esposa.

A esto se suma la presión extorsiva: en Caquetá, alcaldes han sido obligados a pagar entre 100 y 250 millones de pesos anuales a las disidencias para poder ejecutar proyectos. El propio gobernador Luis Francisco Ruiz admitió que incluso él y su familia han sido presionados.

La inteligencia militar concluye que la falta de presencia del Estado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc permitió que nuevos actores ilegales ocuparan los territorios, fortaleciendo el control criminal.

Frente a este escenario, la Unidad Nacional de Protección y la Policía refuerzan esquemas de seguridad, aunque persiste la desconfianza de algunos mandatarios hacia la institucionalidad, por la inclusión de excombatientes como escoltas.