El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria por $26,3 billones de pesos, con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $557 billones.

La propuesta contempla ajustes al IVA (juegos de azar, vehículos híbridos, turismo), combustibles (tarifas plenas desde 2026 y 2027), patrimonio (más contribuyentes incluidos), renta progresiva y nuevos impuestos al tabaco, vapeadores, licores y entradas a eventos superiores a $500.000.

No obstante, el ambiente político es desfavorable. Voces desde el Congreso, incluyendo al presidente del Senado, Lidio García, advierten que “no hay condiciones para una tributaria en año electoral” y que la propuesta representa un fuerte costo político.

La oposición también cuestionó que, por segundo año consecutivo, el Gobierno presente un presupuesto desfinanciado y atado a la aprobación de una reforma. El representante Christian Garcés (Centro Democrático) sostuvo que el Ejecutivo pretende imponer una “dictadura fiscal” mediante decretos.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) alertó que el desbalance supera incluso el monto de la tributaria: serían necesarios $45,4 billones de ajuste para estabilizar las finanzas públicas.

La comparación no se hizo esperar: en 2021, por una reforma de menor impacto presentada por el entonces ministro Carrasquilla en el gobierno de Iván Duque, el país vivió un estallido social de grandes proporciones. Hoy, con una propuesta aún más ambiciosa, el fantasma de esas protestas vuelve a rondar el debate.