Un fuerte escándalo político se desató tras revelarse imágenes que muestran al presidente de la Cámara, Julián López, con un micrófono de solapa en su camisa durante el Consejo de Seguridad realizado en Palmira, Valle.

De acuerdo con las denuncias, el equipo de López habría grabado parte del encuentro de manera clandestina, pese a que en múltiples ocasiones se le pidió no hacerlo. Estos espacios son de carácter reservado, pues allí se discuten mapas criminales, estrategias militares y dinámicas de grupos armados ilegales.

Grabar en un Consejo de Seguridad no es un error menor: es un delito que compromete la seguridad nacional. Según fuentes presentes en la reunión, al ser requerido para borrar el material, López se negó y reaccionó con ofensas.

Las autoridades y expertos en seguridad han reiterado que esto no puede confundirse con un acto de censura a los medios de comunicación. “Para eso estaba la rueda de prensa posterior. Lo que intentó el presidente de la Cámara fue registrar conversaciones clasificadas en un espacio donde estaba estrictamente prohibido”, señalaron.

El caso abre un nuevo debate sobre los límites de la transparencia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la protección de información sensible en escenarios de seguridad nacional.