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Fuerte cruce entre Gustavo Petro y el presidente de la Asamblea del Valle, Hugo Perlaza, por incumplimientos con el departamento
octubre 10, 2025
Publicado por admin on octubre 11, 2025
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El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini contra el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la cadena Hoteles Decameron Colombia S.A.S., por presuntas omisiones que habrían permitido el asesinato del funcionario el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena.

La acción fue interpuesta por su esposa Claudia Andrea Aguilera, su hijo, padres, hermanos y sobrinos, quienes solicitan una indemnización superior a 2.000 millones de pesos por perjuicios morales, materiales e inmateriales, además del lucro cesante.

Según el documento judicial, tanto el Estado como la empresa privada tienen responsabilidad por “omisiones y negligencias” en la prevención del crimen cometido por sicarios colombianos durante la luna de miel del fiscal.

“Se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —Ministerio de Defensa y Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado”, señala la demanda.

Los demandantes argumentan que existió una falla del servicio por parte de la Policía Nacional, que no adoptó medidas de seguridad pese al alto perfil de Pecci como fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico.

Asimismo, acusan a Hoteles Decameron de filtrar la ubicación del funcionario, lo que habría facilitado el ataque armado ejecutado por dos sicarios que llegaron en moto acuática hasta la playa privada del complejo turístico.

Aunque el crimen ocurrió en 2022, la demanda se interpuso dentro del plazo legal, tras una solicitud de conciliación extrajudicial radicada en mayo de 2024 ante la Procuraduría General de la Nación.

El asesinato del fiscal Pecci causó conmoción internacional. Varias personas fueron capturadas y condenadas en Colombia por su participación directa en el homicidio, pero la familia sostiene que el Estado falló en garantizar la protección y seguridad del funcionario extranjero en territorio nacional.

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