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La acción judicial se suma al escándalo por su inclusión en la Lista Clinton junto al presidente Gustavo Petro y otros miembros del Gobierno.
La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con su imagen personal y asesorías privadas, según informó el ciudadano Juan Carlos Portilla, quien radicó la acción judicial este miércoles.
De acuerdo con el denunciante, existirían indicios de que Alcocer habría autorizado y recibido pagos por más de mil millones de pesos destinados a servicios de maquillaje, estilismo y consultoría personal, presuntamente con recursos públicos o fondos asignados a otras finalidades.
“Mediante artificios y simulaciones en la contratación y facturación se habría obtenido un provecho patrimonial en favor de la denunciada y de terceros intervinientes, provocando un perjuicio para quienes aportaron o dispusieron los recursos”, afirmó Portilla.
El denunciante asegura contar con material audiovisual, documentos y publicaciones de prensa que demostrarían la existencia de contratos irregulares y pagos por fuera de los parámetros legales.
En entrevista con Revista Semana, Portilla indicó que su denuncia no tiene motivación política, sino jurídica, y busca que la Fiscalía determine si hubo uso indebido de recursos públicos o abuso de poder.
La denuncia se presenta en un contexto político especialmente delicado para la primera dama, quien fue incluida —junto con el presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior Armando Benedetti— en la llamada Lista Clinton, un mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que restringe el acceso al sistema financiero internacional a personas o entidades sospechosas de vínculos con lavado de activos o corrupción.
El caso también revive el debate sobre el rol de Alcocer dentro del Ejecutivo. Aunque el propio presidente ha reconocido que su relación con ella está “separada desde hace años”, la primera dama ha continuado ejerciendo funciones de representación protocolaria y participación en actos oficiales, lo que algunos críticos califican como una zona gris institucional.
Hasta el momento, ni Alcocer ni su equipo jurídico han emitido pronunciamiento sobre la denuncia.
La Fiscalía General deberá evaluar si existen méritos suficientes para abrir una indagación formal, lo que marcaría un nuevo episodio en la creciente tensión política y judicial que rodea al círculo más cercano del presidente Petro.
