El abogado Julián Quintana, representante de Helicol, radicó una solicitud ante la Fiscalía General para que se investiguen posibles delitos en los procesos de contratación del grupo Ecopetrol.

Una nueva controversia rodea al Grupo Ecopetrol. El abogado Julián Quintana Torres, actuando en representación de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), presentó ante la Fiscalía General de la Nación una solicitud formal para reabrir la investigación penal que involucra a altos funcionarios de Ecopetrol y de su filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos.

La petición, radicada ante la Fiscalía 21 Especializada, cuestiona el archivo del caso emitido el 22 de agosto de 2025, alegando que la decisión se adoptó “sin agotar diligencias esenciales” ni valorar de manera completa la evidencia aportada.

De acuerdo con Quintana, la denuncia plantea la posible comisión de delitos como acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

El documento menciona a varios funcionarios del grupo Ecopetrol y de Cenit, entre ellos Ricardo Roa Barragán (presidente de Ecopetrol), Camilo Bonilla (presidente de Abastecimiento en Cenit) y Nicolás Sebastián Murillo Rozo (especialista aeronáutico), además de directivos de la empresa Helistar S.A.S.

Según la denuncia, desde 2011 Helistar habría sido favorecida sistemáticamente en la adjudicación de contratos de transporte aéreo, consolidando un esquema de monopolio disfrazado de competencia. “Ecopetrol adjudicó el 79,5% de la demanda a Helistar y solo el 20,5% a Helicol”, indica el documento.

El abogado acusa a la Fiscalía de haber adelantado una investigación “superficial y sesgada”, señalando que se omitieron peritajes técnicos, cruces de información con la Superintendencia de Industria y Comercio y la revisión de posibles conflictos de interés entre funcionarios y contratistas.

Además, recordó que Ecopetrol, Cenit y Ocensa son sociedades de economía mixta con mayoría estatal, lo que implica que sus procesos deben regirse por los principios de transparencia y moralidad pública.

“Donde hay recursos públicos, hay también principios públicos. El régimen privado no es una licencia para desconocer los valores constitucionales de moralidad e imparcialidad”, puntualiza la solicitud.

La petición concluye pidiendo la reapertura de la indagación penal, con el fin de practicar las diligencias omitidas y garantizar una investigación técnica e imparcial.