Menu
Un conjunto de revelaciones conocidas esta semana volvió a encender las alarmas sobre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y sobre el posible interés del Gobierno Nacional en acercarse al señalado contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado uno de los mayores operadores de contrabando en Colombia.
Según informó W Radio y confirmó EL COLOMBIANO, Isaac Beltrán —exasesor de la UIAF— aseguró que viajó en abril de 2024 a Madrid por instrucción directa del presidente Gustavo Petro para explorar un eventual acuerdo de colaboración con Marín.
El objetivo habría sido obtener información sobre redes de contrabando y posibles vínculos con funcionarios de la Dian, la Polfa y actores políticos.
El equipo jurídico del contrabandista confirmó que la reunión sí ocurrió, pero que la negociación no avanzó “por falta de garantías” para su cliente.
Las versiones también señalan que miembros del círculo cercano del presidente Petro habrían tenido contactos paralelos con la defensa de Marín. Entre ellos:
Todos han negado participar en cualquier intento por intervenir en la UIAF o influir sobre investigaciones financieras.
Sin embargo, una fuente cercana al proceso aseguró a EL COLOMBIANO que Lemus estuvo “al tanto” de los detalles jurídicos del contrabandista a través del abogado Jhon Villamil, quien logró su libertad provisional en Portugal.
Otra pieza clave del rompecabezas es el abogado chileno Gonzalo Boye, quien habría intentado ingresar a Colombia en junio de este año, pero Migración le negó el acceso.
Boye, cercano a figuras políticas afines al presidente Petro, habría sostenido reuniones en Casa de Nariño en 2023 donde se discutieron temas relacionados con Papá Pitufo.
Boye también representa a Xavier Vendrell, empresario catalán y amigo del presidente Petro, cuestionado por recibir en 2022 un giro de 500 millones de pesos provenientes del contrabandista Marín, dinero que —según el Gobierno— fue devuelto.
La polémica también toma fuerza por críticas recientes al manejo institucional del contrabando.
La exdirección de la DIAN denunció presiones indebidas para nombramientos en seccionales estratégicas como Buenaventura y Cali, zonas históricas de operación de redes criminales.
Mientras tanto, algunos funcionarios del Estado han insinuado que existen otros contrabandistas de gran escala que “nadie toca”, comentarios que generaron más dudas sobre la coherencia de la política pública.
Las revelaciones dejan abiertos interrogantes sobre la intención real de los acercamientos, el nivel de conocimiento dentro del Gobierno y las implicaciones legales de un eventual contacto informal con un señalado contrabandista de talla internacional.
Por ahora, ni la UIAF, ni la DNI, ni la Presidencia han entregado un informe público que detalle los alcances de estas reuniones.
