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Una investigación periodística de Noticias Caracol, revelada este domingo, destapó lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de seguridad nacional de los últimos años: la presunta infiltración del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, estructura dirigida por Alexander Díaz, alias “Calarcá”, en entidades clave del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública.
El periodista Ricardo Calderón expuso decenas de chats, audios, fotografías y documentos que comprometerían a altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo a un general activo del Ejército, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), funcionarios de la UNP e incluso encuentros con la vicepresidenta de la República.
La base del escándalo son más de 145 dispositivos electrónicos incautados a la caravana de “Calarcá” el 23 de julio de 2024 en Santo Domingo, Antioquia.
En los vehículos viajaban 13 integrantes de la estructura criminal, algunos de ellos con órdenes de captura, armas ilegales, dinero, joyas y un menor reclutado.
Pese a la gravedad del hallazgo, solo cuatro disidentes fueron detenidos. La fiscal general Luz Adriana Camargo habría ordenado la liberación de los demás tras extender, de manera polémica, la suspensión de órdenes de captura incluso en situaciones de flagrancia.
El material incautado habría quedado archivado durante más de un año.
Uno de los personajes más comprometidos es Wilmar Mejía, subdirector de Inteligencia de la DNI, señalado de facilitar movilidad de guerrilleros, entregarles información reservada del Ejército e incluso participar en reuniones para crear una empresa fachada que les diera cobertura.
También aparece un ciudadano chino, Jixing Zhang, quien habría ofrecido apoyo logístico, recursos y asesoría técnica para las disidencias en zonas como Catatumbo y el sur de Bolívar.
El director de la DNI, Jorge Lemus, aseguró no tener conocimiento previo del caso y afirmó que no existe trazabilidad de las supuestas misiones en las que aparece mencionado su subalterno.
El escándalo desató fuertes cuestionamientos sobre:
– el manejo de la inteligencia estatal,
– el posible encubrimiento institucional,
– la actuación de la Fiscalía,
– y los alcances de los acuerdos con estructuras criminales.
Las autoridades todavía no entregan claridad frente a una investigación que, según analistas, compromete la seguridad del Estado y plantea interrogantes sobre la relación entre el Gobierno y grupos armados.
