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La crisis institucional que enfrenta el Gobierno Nacional por los presuntos vínculos entre miembros del Ejército, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y disidencias de alias Calarcá tuvo un nuevo capítulo este martes. Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI y uno de los funcionarios señalados dentro del escándalo, anunció que dejará su cargo como representante del presidente en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia.
Mejía señaló que presentará su renuncia una vez se realicen debates presupuestales pendientes en el CSU y se aclaren algunos hallazgos administrativos dentro de la institución. Su llegada al órgano de gobierno universitario, en marzo de 2024, generó polémica desde el inicio por el riesgo que implica que un alto funcionario de inteligencia ejerza un rol de dirección dentro de una universidad pública.
El funcionario afirmó públicamente que no existe conflicto entre su labor en el DNI y su rol en la UdeA, asegurando que siempre separó ambas funciones. Sin embargo, una de las irregularidades más preocupantes es que los consejeros no sabían que Mejía era miembro activo de un organismo de inteligencia del Estado. Ese ocultamiento avivó las sospechas de un posible uso indebido del cargo.
En declaraciones recientes, Mejía negó haber realizado actividades de inteligencia en la universidad, aunque contradictoriamente añadió que su “misionalidad” en el DNI era “entender fenómenos, investigarlos y hacerles inteligencia”, lo que dejó más preguntas que respuestas.
El caso ha sido relacionado con antecedentes documentados por la Comisión de la Verdad, como el del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, condenado por el magnicidio de Jaime Garzón, quien durante años combinó roles académicos con actividades de inteligencia, señalamiento de líderes sociales y articulación con estructuras paramilitares.
El organismo de justicia transicional también documentó la llamada “Red Cóndor”, que infiltró universidades públicas para obtener información que terminó siendo usada en operaciones que derivaron en homicidios selectivos, torturas, desapariciones y persecuciones judiciales.
Mejía ha reiterado que su nombramiento obedeció a su experiencia previa como representante estudiantil en el CSU hace dos décadas, periodo en el que sufrió amenazas de grupos armados. También afirmó que su labor en la universidad se limitó a contribuir en la revisión de la crisis financiera que enfrenta la institución.
Sin embargo, continúa la discusión sobre si no existían otras personas idóneas dentro del Gobierno para asumir un cargo tan sensible, sin el riesgo ni la suspicacia asociados a que un funcionario de inteligencia se siente en el máximo órgano de gobierno de la principal universidad pública de Antioquia.
