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Con un tono firme y sin matices, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, lanzó una de las críticas más duras que se han escuchado en escenarios empresariales durante el actual gobierno. Desde el XXII Congreso Nacional de la Infraestructura, la directiva aseguró que la principal tarea del próximo presidente, en agosto de 2026, será “arreglar la casa” después de lo que considera un profundo deterioro institucional.
Gutiérrez afirmó que la institucionalidad del Ejecutivo “sí se perdió” y que el país atraviesa un punto de quiebre que demanda orden, decisiones claras y menos incertidumbre. “El Gobierno dejará muy lastimado al Estado”, sentenció.
La empresaria fue enfática al advertir que el país está cerca de escenarios críticos si el Gobierno no paga las deudas acumuladas con empresas de energía y con las EPS.
“Tenemos que hacer todo para evitar un apagón el año entrante. Estamos acabando las fuentes de energía porque el Gobierno les debe mucho”.
Sobre salud, señaló que el desorden normativo y la falta de pagos ponen en riesgo la atención de millones de usuarios:
“Estamos afectando a los ciudadanos con el acceso a la salud”.
En plena discusión nacional, Gutiérrez rechazó de manera contundente la idea de un incremento del 15% planteada en días recientes.
“Un aumento de tres veces la inflación es un exabrupto. Con este déficit fiscal, un salario mínimo por encima de dos dígitos sería un error enorme. Las pymes despedirían trabajadores”.
Recordó que la informalidad supera los 13 millones de personas y que el crecimiento económico está sostenido más en el consumo que en la inversión.
La presidenta del Grupo Aval insistió en que crecer 2,6% no es suficiente ni sostenible. Señaló que buena parte del crecimiento actual proviene de entretenimiento, conciertos, servicios y gaming, sectores de alto consumo pero baja inversión.
“La economía no está impulsando sectores estratégicos. Ese crecimiento no aguanta en el tiempo”, dijo.
Gutiérrez explicó que el sector empresarial está listo para invertir, pero no hay proyectos estructurados desde el Estado, y la inseguridad jurídica frena cualquier plan de expansión.
“Estamos dispuestos a invertir, pero necesitamos proyectos. Lo peor ha sido el cambio permanente de reglas”.
Advirtió que si esa incertidumbre continúa, el impacto se sentirá en los próximos dos o tres años en forma de menor crecimiento y menos empleo formal.
