El contratista Emilio José Tapia, condenado por su participación en el escándalo de corrupción del caso Centros Poblados, recuperó nuevamente su libertad este martes tras una decisión judicial emitida en Barranquilla.

La orden fue proferida por la jueza primera de Ejecución de Penas, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien concedió a Tapia la libertad condicional luego de reconocer que ha cumplido 90 meses y 10 días de prisión. El fallo establece un período de prueba de 27 meses y 11 días, durante el cual el condenado deberá cumplir con las condiciones impuestas y firmar una nueva acta de compromiso, conforme al Código Penal.

Esta no es la primera vez que una decisión del mismo despacho favorece al contratista. El pasado 11 de abril, la jueza Fernández Castellón ya había ordenado su libertad, argumentando buen comportamiento y cumplimiento parcial de la condena. Sin embargo, ese fallo fue posteriormente revocado, lo que llevó a la recaptura de Tapia el 31 de octubre, durante un operativo de la Dijín en una clínica de Barranquilla.

Tapia es señalado como uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá y acumula tres condenas por delitos como cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En total, su pena asciende a 12 años y un mes de prisión.

Además, fue responsabilizado por el desvío de 70.000 millones de pesos del contrato entre el Ministerio de las TIC y el consorcio Centros Poblados, recursos que estaban destinados a llevar conectividad a zonas rurales del país.

Las reiteradas decisiones judiciales que han favorecido al contratista han generado cuestionamientos. Por ello, la Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra la jueza Claribel Fernández Castellón por presuntas irregularidades, incluyendo supuestas maniobras que habrían demorado o interferido en la recaptura de Tapia, pese a existir una orden vigente de un juez de Bogotá.

El proceso disciplinario es adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, que deberá evaluar si existió obstrucción a la justicia en el trámite de las decisiones y su ejecución.