La Cancillería de Colombia abrió una investigación interna tras la difusión de un video en el que aparece Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y actualmente prófugo de la justicia colombiana, participando en una parranda vallenata en Managua, Nicaragua.

Ante la controversia, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó a su Oficina de Control Disciplinario Interno establecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua en la presencia de González en dicha actividad. La investigación será trasladada a la Procuraduría General de la Nación para que asuma el control disciplinario y valore los elementos probatorios.

El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que, al tratarse de un evento realizado en un espacio vinculado a una misión diplomática, podría configurarse una falta disciplinaria. “Las embajadas son una prolongación del territorio nacional y existe soberanía colombiana”, señaló, al indicar que se deberá establecer quién estuvo a cargo de la logística del evento.

El video fue revelado el pasado lunes y generó polémica debido a que González es requerido por la justicia colombiana para responder por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Frente a los señalamientos, la Cancillería negó de manera categórica haber invitado al exfuncionario. En un comunicado oficial, aseguró que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática colombiana o de sus funcionarios para que González asistiera al evento.

“El Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor Carlos Ramón González”, precisó la Cancillería, y aclaró que la actividad, denominada ‘Noche Vallenata Colombia’, se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío como un evento cultural abierto al público y con entrada libre, orientado a promover el vallenato como patrimonio cultural colombiano.

El Ministerio también sostuvo que no patrocinó ni participó en la organización del evento, limitándose únicamente a su promoción entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en Nicaragua.

La Procuraduría deberá determinar si existió alguna conducta disciplinable por parte de servidores públicos colombianos y establecer las eventuales responsabilidades en este caso.