La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión efectiva al coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad penal en 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, cometidas entre 2002 y 2003 cuando estuvo al mando del Batallón de Artillería La Popa No. 2, en Valledupar.

La magistratura lo declaró culpable como coautor mediato de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, al establecer que los crímenes se cometieron en el marco de un patrón de macrocriminalidad que incluyó alianzas con estructuras paramilitares en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

La condena se produjo tras el primer Juicio Adversarial Transicional adelantado por la JEP, un mecanismo reservado para los comparecientes que no reconocen responsabilidad ni aportan verdad ante la Sala de Reconocimiento. En este escenario, la Unidad de Investigación y Acusación logró probar la responsabilidad penal de Mejía en 35 hechos representativos que dejaron 72 víctimas.

Según el fallo, las víctimas eran principalmente campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados, quienes fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. La JEP concluyó que los asesinatos no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura criminal organizada dentro del batallón.

El tribunal determinó que existió un aparato ilegal destinado a fabricar bajas ficticias, inflar estadísticas de seguridad y generar una percepción artificial de control territorial. Para ello, se utilizó un “kit de legalización” con armas, uniformes y material de intendencia para simular combates inexistentes.

La sentencia identificó tres modalidades delictivas: alianzas con el frente Mártires del Cesar de las AUC; ejecuciones directas de civiles señalados falsamente como objetivos militares; y asesinatos de personas heridas o que ya habían depuesto las armas, en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario.

Además de la pena de prisión, la JEP negó cualquier beneficio alternativo, ordenó la revocatoria de condecoraciones, la realización de un acto público de perdón en Valledupar y el avance en la identificación y entrega digna de las víctimas que aún permanecen sin identificar.