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La Fiscalía General de la Nación intensificó este 22 de diciembre las acciones judiciales relacionadas con el escándalo del contrato de Centros Poblados, al imponer medidas cautelares sobre 23 bienes vinculados a Emilio Tapia, la exministra TIC Karen Abudinen y otros presuntos implicados.
De acuerdo con el ente acusador, los activos —avaluados en más de $65.900 millones— fueron objeto de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo. Se trata de propiedades urbanas y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y acciones en sociedades ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
La decisión se adoptó tras el avance de una investigación financiera que permitió rastrear el origen de los recursos con los que habrían sido adquiridos los bienes. Según la Fiscalía, estos provendrían del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados, recursos que debían destinarse a la instalación de centros digitales en zonas rurales del país.
El organismo señaló que se evidenció una presunta maniobra para mezclar dineros lícitos con recursos ilícitos, con el fin de ocultar el origen de los fondos desviados e incrementar patrimonios personales. Por esta razón, las medidas se aplicaron bajo las causales jurídicas de equivalencia, mezcla y destinación.
En el caso de la exministra Karen Abudinen, la ocupación de uno de sus inmuebles se fundamentó en decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, relacionadas con el mismo contrato.
La Fiscalía explicó que el objetivo central de esta actuación es proteger y recuperar los recursos públicos destinados a la instalación de 7.277 centros digitales en instituciones educativas rurales de 16 departamentos, un proyecto clave para cerrar la brecha de conectividad en el país.
