El Gobierno nacional emitió $23 billones en bonos TES mediante una colocación directa a un inversionista extranjero, operación que fue presentada como la más grande de este tipo en la historia del país. Sin embargo, el mercado y varios analistas pusieron el foco en el elevado costo de la deuda, con una tasa promedio del 13,15% y vencimientos que se extienden entre 2029 y 2040.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación refleja un “voto de confianza” en la economía colombiana y abre la puerta a futuras emisiones con el mismo inversionista. No obstante, economistas advierten que las tasas pactadas se encuentran entre las más altas del mercado y evidencian presiones fiscales crecientes.

Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, aseguró que la colocación marca “una nueva etapa de financiamiento” para el país, pero alertó que se están buscando inversionistas antes de que las tasas escalen aún más, en medio de un déficit fiscal que sigue activo.

Según estimaciones del mercado, el inversionista obtuvo una ganancia inmediata cercana a $500.000 millones, al adquirir los títulos por debajo de su valor teórico. Con los TES a 10 años rondando el 13%, la rentabilidad supera incluso la tasa hipotecaria promedio, lo que, según expertos, enfría el crédito para hogares y empresas.

El presidente Gustavo Petro defendió la operación y aseguró que los recursos se destinaron a pagar deuda emitida en gobiernos anteriores. Sin embargo, especialistas en finanzas públicas recordaron que refinanciar obligaciones también incrementa el saldo de la deuda y genera costos adicionales a largo plazo.

Desde ANIF, se calificó la jornada como negativa para las finanzas públicas y se cuestionó la transparencia de la operación. A su vez, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió que financiar el déficit “a cualquier costo” expone al país a tasas excesivas y riesgos fiscales futuros.

El debate de fondo, coinciden los analistas, no es solo la magnitud de la operación, sino la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Estado para seguir financiándose sin afectar el crecimiento, el crédito y la estabilidad económica.