La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció presuntas irregularidades en la contratación realizada por un fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad, el cual habría destinado más de $70.582 millones para la vinculación de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, periodo que coincide con la antesala de las elecciones nacionales.

Según la congresista, los recursos fueron ejecutados a través de cuatro contratos suscritos con la empresa Laborando S.A.S., dedicada al suministro de personal temporal. De acuerdo con la información revelada, 3.146 personas habrían sido vinculadas para el programa Jóvenes en Paz, 158 para el Sistema de Violencias Basadas en Género, además de un número indeterminado de contratistas para los programas Agua es Vida y la gestión operativa del Fondo.

Valencia también alertó que, de manera paralela, el fondo adscrito a MinIgualdad habría contratado dos operadores logísticos por un valor de $68.949 millones, para la realización de eventos, funciones que —según indicó— corresponderían directamente al Ministerio y no a un fondo independiente.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la modalidad de contratación, ya que estos contratos se habrían celebrado bajo derecho privado, lo que permitiría evitar procesos de licitación pública contemplados en la Ley 80 de contratación estatal. “Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó el Ministerio sino el Fondo”, señaló la candidata.

La senadora advirtió además que en el SECOP no reposan facturas, informes de supervisión ni anexos técnicos de los contratos, y recordó que durante cerca de dos años el fondo no habría publicado información contractual, situación que solo se corrigió parcialmente tras denuncias realizadas en el Congreso.

A estas críticas se suman cuestionamientos previos sobre la ejecución presupuestal del Ministerio. En diciembre pasado, la representante Catherine Juvinao aseguró que el ministro Juan Fernando Florián habría entregado cifras inexactas sobre la ejecución de la cartera, señalando que mientras se hablaba públicamente de un 46 %, los registros oficiales indicarían un avance cercano al 7 %.

Las denuncias reavivan el debate sobre la transparencia, la tercerización de funciones y el uso de recursos públicos en una cartera que continúa bajo revisión política y fiscal.