

A menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, el nuevo escenario político en Venezuela comenzó a reflejarse en decisiones concretas. Bajo la administración interina de Delcy Rodríguez, se ordenó la liberación de los primeros presos políticos del país, en respuesta a exigencias directas de Washington.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rocío San Miguel, profesora universitaria, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano. San Miguel fue detenida en febrero de 2024, permaneció desaparecida durante varios días y posteriormente fue recluida en El Helicoide, una instalación señalada por organismos internacionales como un centro de tortura y detención arbitraria. Fue acusada de terrorismo y traición a la patria, sin acceso pleno a la defensa.
Según datos del Foro Penal, más de 860 personas han sido detenidas en Venezuela por participar en protestas, ejercer oposición política o criticar al régimen, en actividades protegidas por el derecho internacional. Human Rights Watch ha documentado desapariciones forzadas, negación de información a familiares y prácticas de tortura en centros de reclusión.
Entre los liberados también figura Javier Tarazona, defensor de derechos humanos detenido en 2021. Tarazona fue encarcelado sin juicio ni imputación formal y recluido durante casi cinco años en una sede del SEBIN. Su trabajo se enfocó en la defensa de comunidades vulnerables en zonas fronterizas con Colombia, afectadas por grupos armados ilegales.
Asimismo, se confirmó la liberación de Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor y figura clave del antichavismo, cuya detención había sido denunciada por organizaciones internacionales como una persecución política.
Aunque estas excarcelaciones representan un primer gesto frente a la presión internacional, defensores de derechos humanos advierten que la lista de liberados sigue siendo reducida frente al número de personas que aún permanecen detenidas, incomunicadas o desaparecidas en Venezuela, en uno de los capítulos más críticos del conflicto político y humanitario del país.
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