Un contrato por $10.000 millones suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la firma Amadeus Consultancy Limited desató una fuerte controversia política y jurídica, luego de que se conociera que su representante legal es el abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien meses atrás afirmó que asumiría la defensa del presidente Gustavo Petro de manera gratuita tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.

En entrevistas previas, Kovalik aseguró que su defensa sería “pro bono” y motivada por convicción política. No obstante, documentos contractuales revelados por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, evidencian la existencia de un acuerdo millonario para la prestación de servicios de asesoría en materia de sanciones financieras internacionales.

Tras conocerse la información, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una actuación especial para evaluar posibles irregularidades en la contratación.

En el documento, De Bedout advierte sobre “indicadores de riesgo fiscal relevantes” y cuestiona que recursos públicos puedan estar siendo utilizados para atender contingencias de carácter personal de altos funcionarios. Además, puso en duda la modalidad de contratación directa y la ausencia de pluralidad de oferentes, lo que podría afectar el principio de selección objetiva.

La denuncia también solicita verificar si el objeto del contrato responde realmente a necesidades institucionales del Estado o si estaría vinculado a la defensa de intereses particulares relacionados con la inclusión del presidente y personas de su entorno en regímenes internacionales de sanciones financieras.

A las críticas se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó públicamente el contrato y afirmó que se trataría de un proceso personal que no debería financiarse con recursos del Estado.

Debido a la cuantía del contrato y a que se encuentra en una fase inicial de ejecución, los denunciantes pidieron una revisión urgente para evitar un eventual daño patrimonial antes de que se realicen desembolsos.