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En una movida sin precedentes recientes, 17 de los 32 gobernadores de Colombia anunciaron que se opondrán al decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, al considerar que representa una amenaza directa a la autonomía fiscal y financiera de los departamentos.
La decisión se conoció tras la cumbre de gobernadores realizada en Bogotá, donde los mandatarios regionales coincidieron en que la medida, presentada por el Gobierno Nacional como una herramienta para atender la crisis del sistema de salud y el pago de deudas, termina centralizando recursos que por ley pertenecen a las regiones.
La inconformidad no se limitó a sectores tradicionalmente críticos del Gobierno. Incluso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar —cercano al proyecto político de Petro— se sumó al bloque que exige respeto por los recursos territoriales, según conoció EL COLOMBIANO.
Los mandatarios regionales definieron una hoja de ruta con tres frentes de acción:
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que se trabaja en un documento jurídico para respaldar la no aplicación del decreto mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Por su parte, la gobernadora del Meta calificó la situación como una “desarticulación catastrófica” entre el Gobierno Nacional y las regiones, y advirtió que el decreto sería violatorio del orden constitucional.
El futuro de la emergencia económica queda ahora en manos de la Corte Constitucional. Mientras la Casa de Nariño insiste en que las medidas son necesarias para estabilizar las finanzas del Estado, los gobernadores dejaron claro que no están dispuestos a sacrificar la autonomía territorial.
El país entra así en un nuevo pulso institucional, con las regiones defendiendo sus recursos y el Gobierno enfrentando una resistencia que no se veía desde hace varios años.
