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Publicado por admin on enero 18, 2026
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La Contraloría General de la República archivó el proceso de responsabilidad fiscal que vinculaba al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por un presunto detrimento patrimonial ocurrido durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.

La investigación estaba relacionada con la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas. En el expediente se señalaban presuntas debilidades en la planeación de los proyectos, así como la falta de conceptos de viabilidad de la Policía Nacional, lo que inicialmente llevó a hablar de un posible daño superior a los 830 millones de pesos.

En su versión libre, Rendón solicitó el archivo del proceso y explicó que, junto con la Policía Nacional y la administración municipal, se adelantaban gestiones para incorporar dichas instalaciones a la estructura orgánica de la institución, incluyendo la figura de comodato.

Tras evaluar las pruebas aportadas, la Contraloría concluyó que no se configuró daño al patrimonio del Estado. En el auto se señala que las obras fueron ejecutadas, entregadas y cumplen con los estándares técnicos y estructurales establecidos en los contratos, razón por la cual se decretó el archivo del proceso fiscal.

Investigación penal continúa en la Fiscalía

Aunque el proceso fiscal fue cerrado, la Fiscalía General de la Nación mantiene activa una investigación penal por los mismos hechos. En 2025, el ente acusador adelantó interceptaciones telefónicas contra Rendón, autorizadas por un juez a solicitud de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador cuestionó públicamente estas interceptaciones y las calificó como un abuso de poder. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá otorgó control de legalidad posterior a las “escuchas”, al considerar que la Fiscalía expuso motivos suficientes, necesarios y proporcionales para avanzar en la indagación.

El archivo del proceso fiscal representa un alivio jurídico para el mandatario departamental, aunque el frente penal continúa abierto y a la espera de nuevas decisiones judiciales.

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