La representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao denunció la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían sido vinculados como funcionarios o contratistas en al menos 16 entidades del Gobierno Nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la congresista, la verificación realizada por su equipo identificó 24 casos de títulos profesionales o tecnológicos que presentarían irregularidades frente a la normativa vigente. Entre 2023 y 2025, estas contrataciones habrían representado un gasto superior a $1.100 millones de recursos públicos.

La investigación detectó dos modalidades principales. En la primera, al menos seis personas habrían obtenido su diploma sin registro de presentación de la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para acceder a un título profesional. En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año.

Según la denuncia, varios de estos títulos fueron utilizados para acceder a cargos como asesores, analistas, instructores o técnicos administrativos en entidades públicas. Entre las instituciones señaladas figuran el SENA, la DIAN, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, el DANE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, entre otras.

Uno de los casos más llamativos corresponde a un funcionario que figura con cuatro títulos profesionales obtenidos el mismo día, pese a que solo registra una prueba Saber Pro, la cual legalmente solo puede homologarse para máximo dos programas. Aun así, la persona se encuentra vinculada a la DIAN desde antes de la fecha oficial de grado.

Para Juvinao, estos hechos indican que no se trataría de un caso aislado, sino de un posible esquema más amplio que pone en entredicho los mecanismos de control académico y de verificación de requisitos en la contratación pública.

La congresista solicitó al Ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía abrir investigaciones para determinar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, así como establecer si procede la devolución de los recursos públicos comprometidos.