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Una nueva controversia se desató este lunes luego de conocerse los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que arrojó una favorabilidad del 48,8 % para el presidente Gustavo Petro.
El debate se intensificó tras una denuncia pública del candidato y exconcejal Daniel Briceño, quien cuestionó los vínculos contractuales entre esta firma encuestadora y el Gobierno Nacional, sugiriendo que esos acuerdos podrían afectar la percepción de independencia en sus mediciones.
Briceño aseguró que el Centro Nacional de Consultoría registra contratos con el Ejecutivo por más de $14.000 millones, según datos disponibles en el SECOP.
“El CNC debe contarle al país que ha recibido más de $14.000 millones en contratos del gobierno Petro cada vez que saque una encuesta que vincule al gobierno Petro”, afirmó el exconcejal en un video publicado en redes sociales.
El candidato agregó que, dentro de ese total, el CNC tendría contratos con Presidencia por más de $2.000 millones, lo que incrementó los cuestionamientos alrededor de la firma encuestadora.
Otro punto central de la denuncia tiene que ver con la supuesta negativa de Presidencia a entregar información sobre encuestas contratadas con recursos públicos.
Briceño sostuvo que ha solicitado al Gobierno acceso a las encuestas pagadas por el Estado, incluyendo detalles metodológicos, pero que la respuesta habría sido negativa, argumentando que la información se encuentra cobijada por “secreto profesional”.
A través de su cuenta de X, el candidato preguntó:
“¿Por qué la Presidencia de la República se niega a entregar los datos técnicos de las encuestas que contrata con el Centro Nacional de Consultoría para medir a Petro y su gobierno?”.
Además de la favorabilidad del mandatario, el sondeo del CNC también midió intención de voto para presidenciales, arrojando los siguientes resultados:
La controversia revive una discusión recurrente en Colombia: los estándares de independencia, acceso público y transparencia en las encuestas, especialmente en tiempos electorales, cuando los sondeos pueden influir en la opinión pública, la narrativa mediática y el posicionamiento de candidaturas.
Por ahora, el debate sigue abierto, mientras crecen los llamados para que las metodologías, contrataciones y resultados de mediciones financiadas con recursos estatales sean de mayor acceso para los ciudadanos.
