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En el marco de investigaciones por presunta corrupción en entidades de Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle (2020-2023), un testimonio clave avalado dentro de un proceso judicial apunta a que en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se habría exigido una comisión del 20% por adjudicación.
De acuerdo con información conocida en el expediente, una testigo habría asegurado que del 20% de comisión, 10% era para Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde, y el porcentaje restante se distribuía entre otros integrantes del círculo que, según su versión, tendría influencia dentro de entidades como AMVA y Metroparques.
Estas revelaciones se conocen en medio de diez audiencias que se adelantan desde esta semana y que se extenderán hasta el 26 de febrero, en procesos que involucran supuestas irregularidades en contratos relacionados con mantenimiento del Parque de las Aguas y convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía imputó cargos a Juan David Palacios, quien dirigió el AMVA durante parte del gobierno Quintero, y a las exsubdirectoras Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos.
Según la información disponible, la testigo —quien habría sido funcionaria y cercana al entorno investigado— entregó a las autoridades chats y conversaciones de WhatsApp que, en criterio de la Fiscalía, aportarían indicios sobre el presunto modus operandi.
Una de las hipótesis dentro del proceso sostiene que el esquema iniciaba con el nombramiento de personas cercanas en cargos estratégicos con acceso directo a contratación, para luego direccionar convenios y adjudicaciones a determinados proveedores.
La testigo aseguró que, durante esos años, parte de los recursos del AMVA habrían sido trasladados a Metroparques mediante convenios interadministrativos, lo que habría facilitado escoger contratistas sin procesos de licitación tradicionales.
Por ahora, las actuaciones continúan en etapa judicial y serán los jueces quienes determinen responsabilidades. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas, testimonios y análisis de presuntos detrimentos patrimoniales.
Las denuncias también han sido vinculadas por versiones extraoficiales a otras entidades de la administración anterior, como el Inder y la EDU, aunque esas líneas siguen bajo investigación.
