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Tras las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo, el nuevo mapa político del Congreso de la República para el periodo 2026-2030 dejó en evidencia que varios congresistas cuestionados lograron mantener su curul, a pesar de enfrentar procesos judiciales o controversias públicas.
Entre los nombres que han generado mayor debate aparece el senador David Racero, quien fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concusión.
La investigación busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con negocios privados. El caso surgió tras la divulgación de audios que señalarían condiciones laborales precarias en un establecimiento comercial asociado al congresista.
Otro de los congresistas bajo investigación es Wilmer Carrillo, quien enfrenta un proceso en la Corte Suprema por presuntos delitos como tráfico de influencias, concusión, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Las investigaciones se remontan a los años 2016 y 2017, cuando Carrillo habría intervenido en el nombramiento de la directora de un hospital en el municipio de Ábrego, en Norte de Santander, y posteriormente habría direccionado contratos relacionados con combustible e insumos médicos.
En el caso del senador Didier Lobo, la Corte Suprema adelanta indagaciones preliminares por un supuesto incremento patrimonial injustificado registrado durante su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, entre 2011 y 2014.
Las autoridades buscan determinar si dicho aumento patrimonial corresponde a ingresos legales o si existe un posible caso de enriquecimiento ilícito.
Caso de la UNGRD
Martha Peralta, candidata al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). La senadora está siendo investigada por interés indebido en la celebración de contratos, tras ser señalada de haber establecido reuniones con Olmedo López y contratistas de La Guajira para direccionar proyectos en ese departamento. Entre estos, uno para maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha. Además, del supuesto desvío de fondos destinados a ollas comunitarias.
Aunque varios candidatos con cuestionamientos no lograron obtener una curul en estas elecciones, otros sí consiguieron mantenerse en el Congreso, lo que ha reavivado el debate sobre la transparencia, la responsabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones.
En los próximos meses, el avance de los procesos judiciales será clave para determinar el futuro político de estos congresistas.
