El testimonio de alias “El Viejo”, condenado por el crimen, detalla la presunta planeación del atentado y señala a una disidencia de las Farc como posible responsable intelectual. La Fiscalía deberá verificar la información.

El proceso judicial por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa avanzando con la revelación de nuevos elementos que podrían ser clave para esclarecer la autoría intelectual del crimen.

Según una investigación periodística conocida recientemente, Simeone Pérez Marroquín, alias “El Viejo” —condenado por su participación en el atentado— aseguró ante la Fiscalía que la orden habría sido emitida por integrantes de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas Farc.

El testimonio, rendido el 9 de febrero de 2026, describe la presunta estructura detrás del crimen, incluyendo la participación de intermediarios, la coordinación logística y la planificación del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá.

De acuerdo con la declaración, la operación habría sido articulada a través de contactos entre estructuras armadas ilegales y redes criminales urbanas. También se mencionan presuntos responsables dentro de la cadena de mando, aunque estos señalamientos deberán ser corroborados por las autoridades.

El relato incluye detalles sobre el seguimiento a la víctima, la identificación del objetivo, el uso de intermediarios y la ejecución del atentado, en el que participó un menor de edad como autor material.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la presunta financiación del crimen, que habría alcanzado cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos, condicionadas al resultado fatal del ataque.

Asimismo, la confesión señala la posible existencia de recursos destinados a obstruir la investigación, lo que evidencia la complejidad del entramado criminal.

No obstante, es importante subrayar que esta declaración hace parte de un proceso judicial en curso y deberá ser contrastada con otras pruebas antes de establecer responsabilidades definitivas.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras no se descartan nuevas capturas ni imputaciones. El caso sigue abierto y representa uno de los episodios más graves en la política reciente del país.