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Atentados en el suroccidente del país marcaron una de las jornadas más críticas del año en materia de seguridad.
Colombia vivió un fin de semana marcado por una escalada de violencia que afectó principalmente a los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Huila, dejando un saldo de muertos, heridos y graves afectaciones a la población civil.
Los hechos comenzaron el viernes con ataques a instalaciones militares en Cali y Palmira mediante el uso de cilindros bomba, y se extendieron a otras zonas del país con acciones como la incineración de vehículos en Huila.
El sábado, la situación se agravó con nuevos atentados en Jamundí, donde se reportó el uso de drones para atacar infraestructura, y con una explosión en la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, Cauca, que dejó al menos 20 personas muertas y varios heridos.
Este último hecho generó pánico entre los ciudadanos y afectó gravemente la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país.
Según reportes oficiales y organizaciones como Indepaz, en lo corrido de 2026 se han registrado decenas de masacres, consolidando uno de los periodos más violentos de los últimos años.
En este contexto, las acciones violentas en tan solo 48 horas evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad en varias regiones del país.
En medio de la crisis, distintos sectores han cuestionado la respuesta del Gobierno nacional y la falta de pronunciamientos contundentes por parte del presidente Gustavo Petro.
Las críticas apuntan a la necesidad de una reacción institucional más clara, coordinada y efectiva frente a la gravedad de los hechos.
Analistas coinciden en que la seguridad no puede ser tratada como un asunto ideológico, sino como una prioridad nacional que requiere decisiones inmediatas para proteger a la población civil.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan esperando respuestas concretas que les devuelvan la tranquilidad y garanticen su seguridad.
