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El Consejo Nacional Electoral (CNE) discutirá este miércoles 13 de mayo la apertura de una investigación administrativa y la formulación de cargos contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y el movimiento político Pacto Histórico por presunta violencia contra las mujeres en política.
Según se conoció, existirían los votos suficientes dentro de la sala plena para avanzar en la investigación relacionada con publicaciones realizadas por el caricaturista en redes sociales contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
El caso gira alrededor de varias piezas audiovisuales, memes y caricaturas publicadas por Matador, en las que —según los denunciantes— se habría ridiculizado la apariencia física y la contextura corporal de la senadora, utilizando expresiones consideradas degradantes y ofensivas.
En uno de los documentos conocidos, la representante Carolina Arbeláez Garrido argumentó que las publicaciones no se enfocaban en cuestionar posturas políticas, votos legislativos o propuestas de la candidata, sino en burlarse de su físico mediante técnicas de “body shaming”.
“En una pieza audiovisual divulgada en sus redes sociales, el denunciado utilizó la imagen de la senadora Paloma Valencia no para debatir sus posturas legislativas, sus votos en el Congreso o su ideología, sino para realizar una mofa explícita y degradante sobre su aspecto físico”, señala la denuncia.
La congresista también sostuvo que el alcance de las publicaciones habría generado una ola de comentarios de odio y acoso digital contra la candidata presidencial.
Posteriormente, el 13 de enero de 2026, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director del Centro Democrático, radicó otra solicitud de investigación ante el CNE por presuntos actos de violencia política de género.
Dentro de las pruebas entregadas aparecen publicaciones en X donde se hacía referencia a Paloma Valencia mediante juegos de palabras, memes y caricaturas relacionadas con su apariencia física y peso corporal.
Según la denuncia, las publicaciones incluían “humillación simbólica, burla estética, lenguaje degradante y estigmatización contra una mujer en ejercicio de derechos políticos”.
Entre las medidas que podrían adoptarse dentro del proceso se encuentra la solicitud de eliminación de las publicaciones en redes sociales y la advertencia para que Julio César González Quiceno se abstenga de realizar nuevas manifestaciones que puedan ser consideradas violencia contra la mujer en política.
El caso abre nuevamente el debate sobre los límites entre la sátira política, la libertad de expresión y la violencia digital de género en escenarios electorales.
