El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, presentó ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley que busca la aprobación de la ‘Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios’. Esta convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989, tiene como objetivo fortalecer el compromiso de Colombia en la lucha contra el uso de mercenarios en conflictos armados.

Con la aprobación de este proyecto, Colombia se comprometería a no reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios, prohibiendo cualquier actividad relacionada con estas prácticas dentro de su territorio. La legislación interna del país también deberá adaptarse para incluir los aspectos legales necesarios para criminalizar, procesar y extraditar a personas involucradas en estas actividades.

Además, se pretende crear delitos específicos para castigar los actos cometidos por mercenarios, fortaleciendo el marco legal del país en la lucha contra estos grupos. Esta medida busca también enfrentar a las organizaciones que utilizan a militares colombianos retirados, una problemática significativa dado que Colombia es uno de los principales exportadores de personal militar.

El Gobierno colombiano subraya que estas prácticas representan una amenaza al orden público y constitucional, y en algunos casos, pueden estar relacionadas con delitos de lesa humanidad, como genocidio o crímenes de guerra, los cuales son proscritos y considerados imprescriptibles según la legislación nacional.