Carlos Augusto Fernández Raigosa, de 40 años, un exintendente de la Policía Nacional de Colombia, fue condenado a 84 meses de prisión por su participación en una red de trata de mujeres que operaba desde Medellín con conexiones en Francia. La sentencia fue emitida el pasado 13 de septiembre, tras un proceso en el que Fernández aceptó su responsabilidad, lo que le permitió reducir su condena a la mitad.

El operativo que llevó a su captura fue producto de una alerta emitida por la Policía Judicial de Francia y la colaboración de otras agencias internacionales, luego de que varias víctimas lograran contactar a las autoridades desde Europa. El expediente revela que Fernández utilizaba su posición dentro del comando de Policía del Valle de Aburrá, en el centro de Medellín, para captar mujeres jóvenes, en su mayoría en situación de vulnerabilidad económica. Ofrecía trabajos como modelos webcam en Francia, con promesas de pagos que alcanzaban los mil euros semanales.

El caso salió a la luz en agosto de 2022, cuando una de las víctimas, Alejandra (nombre cambiado por protección), fue captada en la estación de policía mientras intentaba vender boletas de una rifa para conseguir dinero. Fernández, junto con otros cómplices, entre ellos los también expolicías Diego Cárdenas Gaitán y Jorge Restrepo Lemus, organizaban el transporte de las mujeres hacia Europa, donde eran recibidas por Georges Kalliterakis, alias «León», un proxeneta griego.

Las víctimas eran engañadas con la promesa de poder desvincularse del grupo en cualquier momento, siempre que devolvieran el costo de los tiquetes aéreos. Sin embargo, al llegar a Europa, eran despojadas de sus pasaportes y sometidas a explotación sexual. Las imágenes de las mujeres en ropa interior eran publicadas en sitios web de prostitución sin su consentimiento. Además, enfrentaban maltratos físicos y abusos sexuales por parte de los proxenetas.

La Fiscalía colombiana, que lideró la investigación, destacó la importancia de las pruebas recolectadas, incluyendo conversaciones de WhatsApp entre las víctimas y los captores. Las denuncias han permitido desmantelar parte de la red, pero las autoridades siguen buscando a otros posibles implicados.