Después de intensas horas de negociaciones y tensión diplomática, la Casa Blanca anunció que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó los términos propuestos por el presidente Donald Trump para resolver la crisis migratoria. Este acuerdo, que pone fin a una disputa de varios días, incluye la aceptación sin restricciones de todos los colombianos ilegales que serán deportados desde Estados Unidos, incluso utilizando aeronaves militares estadounidenses.

En un comunicado, la Casa Blanca subrayó que las sanciones económicas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) se mantendrán en reserva, pero se implementarán si Colombia no cumple con lo acordado. Además, las sanciones de visas impuestas por el Departamento de Estado y las inspecciones más estrictas de Aduanas y Protección Fronteriza continuarán vigentes hasta que se complete la primera deportación, que se espera sea en breve.

A pesar de los avances, el gobierno de Trump advirtió que el cumplimiento de estos términos será esencial para mantener una relación respetuosa y estable entre ambas naciones. El canciller Luis Gilberto Murillo, en declaraciones recientes, expresó que el gobierno colombiano garantizará condiciones dignas para los deportados y que los canales diplomáticos seguirán abiertos para proteger los derechos de los ciudadanos colombianos.

Este acuerdo representa un punto de inflexión en la relación bilateral, que había alcanzado su nivel más tenso en más de dos siglos, en gran parte por el tema de la migración ilegal. Las medidas impuestas por ambos gobiernos, como los aranceles al comercio y la suspensión de visas, reflejan la gravedad de la situación antes de la resolución.