La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra la canciller Laura Sarabia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Aunque el ente investigador dio a conocer los delitos que motivaron la apertura del proceso, no precisó aún cuál es la conducta concreta que los fundamenta.

La acción judicial se origina en una denuncia radicada en junio de 2024 por la Red de Veedurías Ciudadanas, la cual solicita investigar el presunto enriquecimiento injustificado de compañías vinculadas a familiares de la alta funcionaria del Gobierno Nacional.

Frente a la apertura del proceso, la defensa de Sarabia respondió con contundencia. Lina Sandoval, abogada de la canciller, afirmó que “esta es solo una de las 33 campañas de descrédito en su contra”. Asimismo, indicó que su representada ha entregado voluntariamente toda su información financiera, patrimonial y fiscal a la Fiscalía, reafirmando que “no tiene nada que ocultar”.

La jurista también aclaró que el oficio de la Fiscalía dirigido al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), entidad que Sarabia dirigió anteriormente, se basa en una denuncia soportada en notas de prensa y no en pruebas materiales.

La canciller, una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, enfrenta este nuevo episodio judicial en medio de un ambiente político ya marcado por la controversia.