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El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, generó una de las reacciones más enérgicas del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “crimen de guerra”, expresión poco frecuente en hechos de seguridad interna, lo que abrió de inmediato un debate jurídico y político sobre la naturaleza del ataque.
Granados, jefe del departamento de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3 y comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea, fue atacado por dos hombres armados en inmediaciones del barrio Champagnat. Según reportes del Ejército, el oficial se encontraba en estado de indefensión al momento de los disparos.
Para el presidente Petro, el ataque cumple elementos propios de un crimen de guerra:
El Ejército coincidió en que se trató de una “flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, dada la condición de indefensión del oficial.
El mandatario también pidió un informe urgente sobre los protocolos de seguridad que regían los desplazamientos de Granados, lo que evidencia la preocupación del Ejecutivo frente al nivel de riesgo que enfrentaba.
El asesinato ocurrió en un Cauca atravesado por disputas entre:
El rol de Granados en operaciones contra estas estructuras es una de las líneas investigativas.
El ataque se registró cerca de las casas fiscales del sector La Toscana, una zona cercana a instalaciones militares, lo que incrementó la alarma sobre la capacidad de los grupos armados para operar en zonas de presencia institucional.
Tras un consejo de seguridad extraordinario, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones, mientras que la Alcaldía de Popayán añadió $30 millones más.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló:
“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune”.
Tropas del Ejército y unidades de la Policía activaron protocolos de reacción inmediata y reforzaron la seguridad en la ciudad, en un esfuerzo por cerrar el cerco sobre los responsables.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en la investigación.
