La muerte de Brayan Steven Yusti no puede reducirse a la categoría de un simple accidente de tránsito. Es, por el contrario, el desenlace de una cadena de decisiones erradas, excesos de autoridad y fallas institucionales que hoy vuelven a poner en entredicho el actuar de quienes deberían garantizar seguridad en las vías de Cali.

Que un agente de tránsito termine involucrado en una persecución, un choque y una presunta agresión que acaba con la vida de un ciudadano no es un hecho menor. Es una señal de alarma. ¿En qué punto la autoridad dejó de cumplir su rol preventivo para asumir uno intimidante?

La ciudad está agotada. Cansada de operativos que escalan a la violencia, de funcionarios que confunden autoridad con fuerza y de instituciones que tardan en asumir responsabilidades cuando el daño ya está hecho. Cada caso como este erosiona aún más la confianza ciudadana y profundiza la brecha entre la comunidad y quienes portan un uniforme.

Hoy no se trata solo de cifras, protocolos o investigaciones internas. Se trata de una familia que perdió a un esposo, a un hijo, a un padre. Y de una ciudad que exige respuestas claras, sanciones cuando haya lugar y cambios estructurales que eviten que hechos similares se repitan.