El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió este miércoles a las denuncias hechas por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien aseguró que fue víctima de interceptaciones ilegales mediante el software Pegasus.

En una rueda de prensa, el general retirado negó de manera tajante cualquier orden de seguimiento desde el sector Defensa. “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, afirmó.

Sánchez insistió en que el software Pegasus dejó de utilizarse en Colombia desde el año 2022 y recordó que, en caso de emplearse cualquier herramienta de interceptación, esta debe contar con orden judicial, de lo contrario se configuraría una violación a la ley.

Las declaraciones del ministro se producen tras la denuncia revelada por el Reporte Coronell de Caracol Radio, en la que Idárraga afirmó que, desde su paso por la Secretaría de Transparencia, habría sido objeto de espionaje ilegal financiado con gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado.

Uno de los puntos sensibles del señalamiento involucra al sargento viceprimero Darwin Rodríguez. Sobre este oficial, Sánchez aseguró que no pertenece a organismos de inteligencia. “Su función es la articulación. La contrainteligencia que se realiza, y que he ordenado, es exclusivamente al interior del Ministerio de Defensa”, explicó.

De acuerdo con el informe forense conocido por el ministro de Justicia, se habrían registrado más de 8.700 intentos de infiltración a su teléfono celular y, en al menos 134 ocasiones, se habrían activado de manera irregular la cámara y el micrófono del dispositivo.

Idárraga ha señalado que estas presuntas interceptaciones estarían relacionadas con investigaciones que adelanta sobre posibles vínculos entre miembros del Ejército y grupos armados ilegales, hechos que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y de instancias internacionales.

La controversia abre un nuevo frente de tensión al interior del Gobierno y deja en el centro del debate el uso de herramientas de inteligencia, la contrainteligencia militar y las garantías para los altos funcionarios del Estado.