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El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, señalado máximo cabecilla de la organización criminal.
La medida también incluiría integrantes requeridos por solicitudes de extradición y tendría como propósito facilitar su traslado hacia Zonas de Ubicación Temporal a partir del próximo 25 de junio de 2026.
Según la resolución revelada por Blu Radio, el levantamiento de las órdenes de captura tendría carácter territorial, restringido y finalista, es decir, solo aplicaría para permitir el desplazamiento hacia los puntos definidos por el Gobierno.
De acuerdo con el documento, las zonas de concentración estarían ubicadas en Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó.
El traslado comenzaría de manera gradual pocos días después de la segunda vuelta presidencial, en caso de que esta se realice.
La decisión revive el debate sobre la estrategia de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Nacional y el manejo jurídico frente a organizaciones armadas y estructuras narcotraficantes.
Expertos en seguridad han advertido sobre el crecimiento territorial y militar del Clan del Golfo durante los últimos años.
Según cifras citadas por investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la organización pasó de tener presencia en 208 municipios en 2022 a cerca de 300 territorios en 2025.
El pie de fuerza de la estructura también habría crecido de aproximadamente 4.000 integrantes a cerca de 9.840 en ese mismo periodo.
Analistas sostienen que los ceses al fuego y la suspensión de órdenes de captura habrían permitido el fortalecimiento operativo y territorial de grupos armados ilegales en varias regiones del país.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, cuestionó el alcance de las medidas y advirtió sobre riesgos de impunidad y debilitamiento institucional.
Según Bernate, figuras como la de “gestores de paz” terminaron generando espacios de inacción investigativa y favoreciendo el fortalecimiento de estructuras criminales sin contraprestaciones verificables.
El penalista también alertó sobre posibles riesgos de prescripción de investigaciones y procesos judiciales debido a la suspensión prolongada de actuaciones penales.
La solicitud del presidente ha generado reacciones divididas entre quienes consideran que se trata de una apuesta para avanzar en procesos de sometimiento y quienes advierten que podría convertirse en un nuevo factor de fortalecimiento criminal bajo el marco de la “Paz Total”.
