En medio de un ambiente ruidoso que alcanzó niveles de hasta 90 decibelios, la plenaria del Senado aprobó este martes la ley contra el ruido en su cuarto y último debate. La iniciativa, liderada por el representante antioqueño Daniel Carvalho, busca reorganizar y armonizar las 17 normas nacionales relacionadas con la contaminación acústica, clarificando responsabilidades y facilitando la atención ciudadana frente a esta problemática.

«Tomamos la normativa que había alrededor del ruido y la reorganizamos porque estaba dispersa y confusa. Además, aclaramos las responsabilidades de las autoridades y la ruta de atención al ciudadano, evitando que las entidades se pasen la pelota entre ellas,» afirmó Carvalho, congresista del partido Verde Oxígeno, tras la aprobación de la ley.

La contaminación acústica afecta gravemente a las ciudades colombianas, donde el 25% de los habitantes en zonas urbanas de Bogotá, Medellín y Cali están expuestos a niveles de ruido superiores a los permitidos por las normas de 2006. En sectores residenciales, por ejemplo, no se deben superar los 65 decibelios durante el día ni los 55 en la noche, pero factores como el tráfico, las motos con escapes modificados y las festividades suelen rebasar estos límites.

El proyecto también busca abordar la falta de herramientas efectivas para denunciar este tipo de contaminación, calificada por muchos ciudadanos como una «ruta de la muerte», ya que las quejas suelen ser ignoradas o desviadas entre entidades.

La ley establece que, en un plazo de un año, el Gobierno Nacional deberá implementar una política de calidad acústica que armonice la normativa existente. Esta política será diseñada en conjunto por el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, y el IDEAM.

Además de ser una fuente de incomodidad, el ruido es el segundo factor que más genera violencia en los barrios, según datos del Ministerio del Interior, debido a conflictos vecinales relacionados con el volumen de música y otros ruidos.